Corsarios en celeste y blanco
Patente de corso de las Provincias Unidas.
No pocos hechos en la historia de la afirmación de nuestros derechos nacionales fueron acciones corsarias
Por Luis R. Carranza Torres
En sus inicios, las patentes de corso fueron muy utilizadas en la Edad Media y la Edad Moderna en los países que no podían costearse marinas propias o que no tenían las dimensiones necesarias. Desde las ciudades hanseáticas hasta los de reinos Francia, Inglaterra y España echaron mano a la figura. Durante el siglo XIX en el proceso de emancipación americana, también se utilizaron.
Nuestro país no fue ajeno a la figura. Por algo, la Constitución Nacional de Argentina mantuvo desde su texto originario de 1853, hasta 1994, una cláusula que atribuía al Congreso Nacional la facultad de “conceder patentes de corso y de represalias, y establecer reglamentos para las presas”.
La primera norma de este tipo la dio la propia Primera Junta con el “Decreto para el corso”, expedido en noviembre de 1810. Pero también se tomaron medidas contra el abuso de la figura. El 3 de abril de 1812, el Triunvirato publicó en la Gaceta Ministerial N° 1 de ese año, su disposición N° 67: “Pena para los corsarios enemigos a quienes se tomase saqueando las habitaciones de los ribereños”.
Decía su texto que la autoridad española en Montevideo, “a pretexto de permitir el corso, autoriza la piratería de sus súbditos sobre las costas de nuestros ríos, aprobando la usurpación, saqueo y exterminio de los moradores pacíficos que habitan en las inmediaciones de las riveras”, por lo que “deseando evitar este abuso tan perjudicial a los intereses del país como contrario a las reglas y principios del derecho público de las naciones civilizadas; por tanto ordena y manda: que todo corsario armado que se aprehenda haciendo el robo sobre nuestras costas, sea tratado como pirata”, por lo que en consecuencia disponía “sean fusilados dentro de dos horas perentorias por las justicias o comandantes más inmediatos del lugar de la aprehensión, quedando solamente excluidos de la referida pena, los que se desembarquen con el fin de pasarse a nosotros toda vez que las circunstancias de su aprehensión no acrediten lo contrario”.
Los corsarios desempeñaron un papel crucial en nuestra Guerra de Independencia. El corso contra España se inició en 1812 en el Río de la Plata y cursos interiores, extendiéndose al mar en 1815. La mayor actividad en la materia se registró entre 1816 y 1819 y causó grandes perjuicios al comercio español tanto en el Atlántico como en el Pacífico; se extendió incluso al mar Caribe.
Los dos grandes centros de actividades corsarias nacionales fueron Buenos Aires y la costa este de Estados Unidos, donde representantes del país expedían los permisos. Llegó a haber unos 70 corsarios bajo nuestra bandera y patente, que consiguieron más de 150 presas.
No fue un fenómeno sólo argentino. La Marina uruguaya festeja el 15 de noviembre de 1817 su fecha de origen por la expedición, por Artigas, de un permiso de corso a Juan Murphy y su buque La Fortuna.
Como respuesta al envío de una expedición española al Río de la Plata, entre las medidas defensivas dispuestas por el gobierno patrio figuró una expedición naval de corso a las costas de Chile y de Perú, llevada a cabo por el propio Guillermo Brown, con el objeto de hostilizar el comercio marítimo realista español y obtener recursos pecuniarios. Llegó hasta las Galápagos.
Otra campaña fue la del teniente coronel David Jewett con el bergantín Invencible, de 1815 a 1817, que capturó cuatro presas, y de la corbeta Céfiro, al mando de Tomás Taylor, que capturó dos presas.
El 9 de julio de 1817 -en el primer aniversario de la Declaración de la Independencia-, la fragata La Argentina, una antigua presa de la campaña de corso de Brown en el Pacífico, zarpó de la Ensenada de Barragán al mando de Hipólito Bouchard. Daría en los dos años siguientes la vuelta al mundo y atacó en diversas partes al imperio español, desde Filipinas a California. Se trató de un éxito en lo militar y un fracaso en lo económico. Durante su periplo, apresó barcos negreros en cumplimiento de la abolición de la esclavitud dictada por la Asamblea del Año XIII. Fue, acaso, la primera aplicación internacional de normas de derecho público argentino. Logró asimismo el reconocimiento de la independencia argentina por el entonces Estado soberano de Hawái.
Su armador era el doctor Vicente Anastasio Echevarría, a quien, además de emitírsele en 1817 la patente de corso N° 116, se lo autorizó a que los oficiales del buque vistieran el uniforme de la marina de guerra, tanto como motivación como para mejorar el orden y el respeto a bordo.
En agosto de ese mismo año, al armador Patricio Lynch obtuvo una patente y comenzó a organizar una expedición a las islas Malvinas, a bordo de su fragata “Heroína”. Su comandante fue el ya mencionado teniente coronel David Jewett, marino estadounidense, quien zarpó en enero de 1820 de Buenos Aires para tomar posesión de ellas en nombre del Gobierno argentino. Concretó el hecho el 6 de noviembre de 1820, izando el pabellón argentino sobre las ruinas de un antiguo asentamiento en las islas, ante tripulación y loberos de la zona, y reafirmó así la pertenencia del lugar a las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Como puede verse, no pocos hechos de nuestra historia, y no pocas consecuencias jurídicas, han sido originadas por la actividad de nuestros corsarios.
Publicado bajo el título "Corsarios argentinos" en el diario Comercio y Justicia del día 21 de MAYO de 2021.
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