El pleito del león marino
por Luis Carranza Torres
El martes 10 de noviembre de 2026, a las 10 de la mañana en Hamburgo, las 6 en Buenos Aires, el juez camerunés Maurice Kamga abrió la audiencia. Preside el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y tenía delante la causa número 37 de su lista, caratulada “Case concerning hydrocarbon exploitation in the South-West Atlantic Ocean (Argentina v. United Kingdom)”. La argentina Frida María Armas Pfirter, vicepresidenta del tribunal desde octubre, se excusó de intervenir, y la Argentina designó juez ad hoc a Raúl Vinuesa. Londres, sin un juez de su nacionalidad en el cuerpo, eligió a Vaughan Lowe.
Marcelo Kohen, uno de los abogados de nuestro país, había señalado semanas antes que era la primera vez que la Argentina demandaba a Londres por sus actividades en las islas, y que el único antecedente era una propuesta de arbitraje de 1884 que los británicos rechazaron. En 1955 los papeles estuvieron invertidos: fue el Reino Unido quien llevó a la Argentina ante la Corte Internacional de Justicia por tierras e islas antárticas que consideraba dependencias de las Malvinas. La Corte archivó el caso en 1956 porque Buenos Aires no había aceptado su jurisdicción.
Lo que se discute ahora es más acotado de lo que circula por las redes. El 28 de septiembre la Argentina inició un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Londres rechazó el reclamo el 11 de octubre y, dos días después, Buenos Aires pidió medidas provisionales en Hamburgo. El artículo 290, inciso 5, de la Convención permite dictarlas mientras se constituye el tribunal arbitral, siempre que este tenga competencia prima facie, que los derechos invocados sean plausibles y que haya urgencia. Nadie le pidió al Tribunal del Mar que dijera de quién son las Malvinas, pero llevar al Reino Unido ante un tribunal internacional por causa una cuestión derivada del diferendo de soberanía no es poco.
Las medidas solicitadas son cuatro: que el Reino Unido impida el comienzo o la continuación de la explotación del yacimiento Sea Lion (león marino), en la cuenca norte de las islas; que no use en perjuicio argentino la información de la exploración; que no le impida a la Argentina cumplir su deber de proteger el medio marino, y que no agrave la controversia, por ejemplo, con nuevos permisos.
Abrió el agente argentino, el embajador Mario Oyarzábal. Apoyó el pedido en dos resoluciones de la Asamblea General: la 2065, de 1965, que reconoció la existencia de la disputa, y la 31/49, de 1976, que instó a las partes a no introducir modificaciones unilaterales mientras negociaban. Medio siglo después, dijo, “aquello que la resolución 31/49 procuraba evitar está a punto de concretarse”. Sostuvo que el petróleo extraído no vuelve al subsuelo y que ninguna indemnización repone las cosas a su estado anterior. Recordó la falla de un preventor de reventones en un pozo exploratorio cercano, en 2015, y citó el plan de contingencia de una de las licenciatarias, que da un 30 por ciento de probabilidad de que el crudo de un descontrol llegue en treinta días a aguas argentinas no disputadas. Kohen se ocupó de la competencia, y el neerlandés Nico Schrijver, expresidente de la International Law Association, de la urgencia y del riesgo ambiental.
Por el Reino Unido habló Ellie Reeves, Attorney General de Inglaterra y Gales. Planteó que la controversia es territorial y excede lo que un tribunal de la Convención puede resolver. Invocó la autodeterminación de los isleños y el referéndum de 2013, y anticipó “consecuencias devastadoras” para la economía de las islas. Algo que no se entiende mucho cuando la economía de las islas de se nutre del petróleo sino de la pesca. A la preocupación ambiental argentina le opuso el dato que la Argentina autorizó pozos marítimos. Sir Michael Wood, de la misma delegación, agregó que las perforaciones no empezarían antes del 21 de marzo de 2027 ni la extracción antes de marzo de 2028, y que las dos partes ya habían designado a sus árbitros. Es el argumento más fuerte de la postura británica, pero solo aplica a las medidas provisionales y no a la cuestión de fondo.
Respecto de la admisión de un diferendo por la soberanía de Londres, para alegar incompetencia del tribunal, es cierto que previamente la resolución 2065 de la Asamblea de las Naciones Unidas la reconoció en 1965, y los dos gobiernos negociaron sobre la soberanía entre 1966 y 1982. También, que las declaraciones conjuntas de Madrid de 1989 y 1990 crearon un “paraguas” que dejaba a salvo la posición de cada uno. Por ello, el valor de invocarla ahora de parte de Londres reside en que choca con la propia postura anterior del gobierno inglés, de entender superada la cuestión, invocada desde 2013 en adelante.
Sí es cierto que lo que hizo el Reino Unido en Hamburgo es una defensa procesal conocida, que ya le dio resultado en 2015 en el arbitraje sobre el área marina protegida de Chagos: la mayoría del tribunal se declaró incompetente para tratar los planteos de Mauricio sobre soberanía, aunque condenó a Londres por otras violaciones a la Convención. Y si bien es cierto que alegar que el conflicto es de soberanía no equivale a reconocer que el otro la tiene, ineludiblemente implica que hay un diferendo al respecto. En tal sentido, Oyarzábal dio vuelta el argumento: el Reino Unido no puede ampararse en la disputa para eludir la jurisdicción y, al mismo tiempo, explotar los recursos como si ya la hubiera ganado.
Los precedentes que se invocan tampoco apuntan en una sola dirección. En el arbitraje del Mar de la China Meridional, en 2016, el tribunal se pronunció sobre derechos marítimos sin decidir la soberanía de las islas Spratly; pero los reclamos filipinos no dependían de quién era dueño de esas islas, y en nuestro caso los derechos sobre la plataforma al norte de Malvinas nacen de sus costas. En Ghana contra Costa de Marfil, una sala especial del Tribunal del Mar prohibió en 2015 nuevas perforaciones en la zona en litigio y dejó seguir las que estaban en curso, y en 2017, al resolver el fondo, concluyó que Ghana no había violado el artículo 83 de la Convención. El laudo de 2007 en Guyana contra Surinam juzgó ilícitas las perforaciones exploratorias que Guyana había autorizado sin acuerdo en un área disputada, y condenó también a Surinam por haber expulsado la plataforma con amenaza de uso de la fuerza.
La vía que menos depende de la soberanía es la ambiental, porque el deber de proteger el medio marino pesa sobre todo Estado que autoriza actividades bajo su control.
La decisión se espera para los próximos días, y el Reino Unido anticipó que considerará vinculantes las medidas que se dicten. Lo que resuelva Hamburgo será provisional por definición: el tribunal arbitral, una vez constituido, podrá confirmarlo, modificarlo o revocarlo.
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