La batalla legal por la vida de Britney Spears
Por Luis R. Carranza Torres
Britney Jean Spears, nacida en McComb, Misisipi —el célebre Estado
de la Magnolia— y coronada a comienzos de siglo como la Princesa del Pop, no
podía en 2021 ni comprarse un helado. Ocurría en medio de la opulencia de
Beverly Hills y a pesar de administrar con su voz una fortuna personal estimada
en unos sesenta millones de dólares.
La causa de tal imposibilidad no residía en una quiebra ni en una
pena penal, sino en la aplicación inclemente de una conocida figura del derecho
anglosajón: el conservatorship. Concebida originalmente para el resguardo de
adultos mayores con deterioro cognitivo severo o personas incapacitadas para la
vida civil, esta institución —prima hermana de la tradicional curatela de
nuestra codificación continental— transfiere a un tercero la potestad absoluta
sobre las decisiones cotidianas y los bienes de una persona declarada
vulnerable. Bajo la ley del Estado de California, el mecanismo adopta dos
vertientes: las curatelas LPS (Lanterman–Petris–Short), sujetas a revisión
anual y reservadas para afecciones psiquiátricas reversibles, y las Probate
conservatorships, de carácter indeterminado y vocación de permanencia. Esta
última fue la jaula jurídica donde Britney permaneció recluida durante trece
años.
El régimen comenzó en 2008, tras una seguidilla de episodios de
vulnerabilidad expuestos sin piedad por el enjambre mediático. La justicia de
Los Ángeles entregó las riendas de su vida y de su patrimonio a su padre, Jamie
Spears. Durante más de una década, la dinámica combinó el brillo sofocante de
los escenarios con la fiscalización minuciosa de la burocracia judicial: cada
desembolso, incluso un gasto menor de cinco dólares, debía quedar asentado en
la contabilidad que el tutor presentaba al tribunal del condado. Para 2019,
aquejado por problemas de salud, el padre delegó la tutela personal en una
profesional en la materia, Jodi Montgomery, pero retuvo con puño de hierro la
administración del tesoro, por la que percibía un suculento estipendio anual.
Que algo no andaba bien empezó a evidenciarse a finales de 2020. A
través de su defensor de oficio, Samuel D. Ingham III, la artista formuló una
franca oposición a que su padre continuara al mando de sus finanzas. La jueza
Brenda Penny respondió con una solución de compromiso: mantuvo a Jamie Spears,
pero le impuso la co-administración de una entidad fiduciaria, Bessemer Trust,
al tiempo que rechazó los intentos del padre por retener facultades amplias sobre
los activos de su hija.
El conflicto, hasta entonces confinado a los expedientes, saltó
definitivamente a la escena pública en febrero de 2021 con el estreno del
documental Framing Britney Spears. La obra puso al descubierto las aristas más
sombrías de la tutela —incluida la revelación de que un ingreso psiquiátrico en
2019 se había ordenado por haber salido a comer una hamburguesa con su novio
sin autorización— y desencadenó una marea de indignación popular bajo el lema
#FreeBritney, secundado por figuras del espectáculo y multitudes a las puertas
de los tribunales.
El punto de inflexión decisivo en el caso ocurrió en las audiencias
de la primavera de 2021. Tras una sesión previa en marzo para revisar los
números de la fiduciaria, el 27 de abril el abogado Ingham transmitió a la
corte una petición imperiosa: Britney pedía hablar con el tribunal.
El 23 de junio de 2021, a través de una comparecencia telefónica de
más de veinte minutos que estremeció a la opinión pública internacional, la
cantante rompió el silencio. Calificó el régimen de abusivo y despiadado,
denunció que la obligaban a trabajar bajo amenaza de castigos, que le impedían
acudir al médico para retirarse un dispositivo intrauterino anticonceptivo y
que controlaban el más mínimo resquicio de su privacidad.
Aquella declaración volvió insostenible la continuidad del esquema.
En septiembre de 2021, la jueza Penny suspendió a Jamie Spears de la
administración del patrimonio y nombró en su lugar a un contador temporal. El
desenlace definitivo llegó el 12 de noviembre de ese mismo año, cuando el
tribunal decretó la disolución total del conservatorship sin someter a la
artista a nuevas evaluaciones médicas.
Aquel fallo devolvió a la Princesa del Pop el dominio pleno sobre
sus actos, sus decisiones personales y su destino. Tiempo después, recuperada
la voz y la libertad, Britney coronó su propia narrativa al casarse, volver a
los estudios de grabación y plasmar en 2023 sus memorias, The Woman in Me, el
testimonio por escrito de quien debió litigar contra su propia sangre para volver a
ser dueña de su vida.
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SOBRE EL AUTOR DE LA NOTA: Luis Carranza Torres nació en Córdoba, República Argentina. Es abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas, profesor universitario y miembro de diversas asociaciones históricas y jurídicas. Ejerce su profesión y la docencia universitaria. Es autor de diversas obras jurídicas y de las novelas Yo Luis de Tejeda (1996), La sombra del caudillo (2001), Los laureles del olvido (2009), Secretos en Juicio (2013), Palabras Silenciadas (2015), El Juego de las Dudas (2016 y 2026), Mujeres de Invierno (2017), Secretos de un Ausente (2018), Hijos de la Tormenta (2018), Náufragos en un Mundo Extraño (2019), Germánicus. El Corazón de la Espada (2020), Germánicus. Entre Marte y Venus (2021), Los Extraños de Mayo (2022), La Traidora (2023), Senderos de Odio (2024) y Vientos de Libertad (2025). Ha recibido la mención especial del premio Joven Jurista de la Academia Nacional de Derecho (2001), el premio “Diez jóvenes sobresalientes del año”, por la Bolsa de Comercio de Córdoba (2004). En 2009, ganó el primer premio en el 1º concurso de literatura de aventuras “Historia de España”, en Cádiz y en 2015 Ganó la segunda II Edición del Premio Leer y Leer en el rubro novela de suspenso en Buenos Aires. En 2021 fue reconocido por su trayectoria en las letras como novelista y como autor de textos jurídicos por la Legislatura de la Provincia de Córdoba. Ganador en 2026 del Concurso Internacional de Cuento Histórico organizado por la Editorial La Cuarta Orilla.
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